El contrato de trabajo se caracteriza porque una de las partes, el trabajador, realiza su trabajo dentro del ámbito de organización y dirección de otra, empresario. La facultad de organización del empresario y la subordinación del trabajador son, por tanto, consustanciales a la existencia de una relación laboral. La facultad de organización del empresario se traduce en un conjunto de facultades jurídicas por las que puede impartir a los trabajadores órdenes e instrucciones de carácter general o particular. Es lo que se denomina poder de dirección del empresario.

Pero este poder no es un derecho absoluto sino que está sometido a una serie de limitaciones. Algunas de las más importantes son las que se derivan de la obligación del empresario de respetar la intimidad y las consideraciones debidas a la dignidad de los trabajadores. Esta obligación es de tal entidad que el ordenamiento laboral considera como infracción muy grave los actos del empresario que lo vulneren, pudiendo ser sancionados con multas de hasta quince millones de pesetas.

Estamos ante un derecho genérico, que informa la totalidad de las relaciones empresario-trabajador. Sin embargo la legislación laboral contiene algunas manifestaciones concretas, que especifican, sin agotarlo, su contenido.

Se van a establecer, por ejemplo, una serie de limitaciones a la realización de registros por el empresario. El Estatuto de los Trabajadores solo va a permitir la realización de registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando se cumplan ciertos requisitos: que los registros sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del patrimonio de los demás trabajadores de la empresa; que se efectúen dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo; y que en su realización esté presente un representante legal de los trabajadores o, en caso de ausencia de éstos, de otro trabajador de la empresa. Y en todo caso respetarse al máximo la dignidad e intimidad del trabajador.

Otras limitaciones son las que se refieren a la vigilancia del trabajador. Puesto que el empresario está facultado para exigir al trabajador la realización de tareas y la observación de cierta reglas de conducta, está también facultado para comprobar si el trabajador efectivamente cumple sus obligaciones. Y a su vez el trabajador está obligado a someterse a este control empresarial. Pero estas comprobaciones lícitas deben respetar siempre los límites derivados de la dignidad humana del trabajador, evitando cualquier actuación que resulte humillante o desproporcionadamente molesta. Se admite, por ejemplo, la vigilancia a través de detectives cuando afecte a cuestiones relacionadas con el trabajo y se realice discretamente así como la grabación en vídeo de los trabajadores mientras realizan el trabajo. Pero no se admite sin embargo la grabación de conversaciones telefónicas privadas.

Pero quizás la más importante manifestación de este derecho del trabajador sea la protección contra el acoso sexual. El Estatuto de los Trabajadores incluye dentro del concepto de respeto a la intimidad y dignidad, la protección contra las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. Además, recientemente ha tenido lugar una reforma legislativa que ha incluido expresamente dentro de las infracciones muy graves el acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, prueba sin duda de la importancia que el legislador da a esta materia.

Frente a los abusos del empresario, los trabajadores pueden protestar mediante denuncias a la autoridad laboral o demandas ante la jurisdicción social solicitando la extinción del contrato de trabajo por modificación sustancial de las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su dignidad. Y ello sin menoscabo de la posibilidad de acudir a la vía penal si la conducta del empresario fuese constitutiva de delito o falta.